ANTONIO MACHADO y ALVAREZ. "La responsabilidad judicial" (sobre una proposición de Ley del Señor Comas). REVISTA DE ESPAÑA, TOMO 127 DE ABRIL DE 1890. | Machado. Revista de estudios sobre una saga familiar.

ANTONIO MACHADO y ALVAREZ. “La responsabilidad judicial” (sobre una proposición de Ley del Sr. Comas). REVISTA DE ESPAÑA, TOMO 127 DE ABRIL DE 1890.

Posted By on marzo 21, 2012

ANTONIO MACHADO y ALVAREZ.

Revista de España,  Tomo 127 de abril de 1890, pag. 332.

LA RESPONSABILIDAD JUDICIAL

PROPOSICIÓN DE LEY DEL SEÑOR COMAS

 


Por ser el hombre racional y libre es responsable de sus actos; la responsabilidad es inconcebible sin la libertad, como ésta lo es á su vez sin la razón; la piedra, la planta y el animal, no se reputan seres responsables. La libertad no es, como de ordinario se supone, la facultad de hacer cada uno lo que se le antoje; no es la arbitrariedad ó sea la más triste de las servidumbres; la servidumbre impuesta por la pasión ó el capricho; la libertad es la forma racional de la voluntad; supone subordinación, sumisión, si queréis, pero sumisión que enaltece, no servidumbre que degrada; sumisión á lo que constituye la verdadera nota característica del hombre: la racionalidad. Cuanto más racional y libre cuanto más hombre, tanto más responsable es el individuo: la responsabilidad es ante todo algo esencialmente dignificador.

¿Hay quien después de meditar un poco esta afirmación dude de ella? Creemos que no. En un trabajo como éste, siquiera sea meramente expositivo y ajeno á toda pretensión científica, de carácter jurídico, no nos parece fuera de lugar acudir á nuestras leyes en busca de argumentos.
¿A quién declara el Código penal exento de responsabilidad?

LA RESPONSABILIDAD JUDICIAL

1.° Al Imbécil y al loco, á no ser que éste haya obrado en un intervalo de razón.
2.° Al menor de nueve años de edad: esto es, al niño, al que no es hombre todavía.
9.” Al que obra violentado por una fuerza irresistible: esto es, por una fuerza que impide ó perturba el ejercicio de su razón.
11.° Al que obra en virtud de obediencia debida; esto es, al hombre que cuando la orden es irracional, al obedecerla, se convierte en verdadera máquina mediante á la sugestión que en él se produce ordinariamente por el miedo ó una coacción realmente insuperable; v. gr.: el centinela que, obedeciendo á la consigna, dispara contra el primero que pasa, hombre, mujer ó niño, acaso contra su propio padre.

Esta circunstancia eximente que en tanto que califica de debida obediencia la que ha de prestarse á cualquier orden por irracional que sea, cuando emana de un superior jerárquico, resulta absurda y debiera como otras, desaparecer del Código; pero en su fondo es, como las citadas y otras que pudieran citarse, aplicable al caso. El que obra en virtud de esa obediencia que la ley llama torpemente debida, por ejemplo, la del verdugo ó centinela, obra sin libertad y sin razón; no obra como hombre: por eso la ley le declara irresponsable.

La misma irresponsabilidad que á los reyes se atribuye, reconoce un fundamento análogo: los reyes por su origen divino, por ser los representantes de Dios en la tierra no eran considerados como hombres, y no siéndolo, no les alcanzaba la responsabilidad, hija de la libertad, y nieta, si se nos permite la frase, de la razón humana.

Véase, pues, que por un camino ó por otro la responsabilidad supone siempre libertad y razón: no es verdaderamente hombre, en el pleno concepto de tal, el que no es responsable de sus actos: la irresponsabilidad en vez de acercarnos á la divinidad, como equivocadamente se creyó en tiempos buenamente pasados, nos aproxima al mono — el mono es más irresponsable que el hombre — ó si no os gusta la frase y preferís seguir á nuestro Código penal, nos acerca al niño menor de nueve años, al verdugo, al hombre máquina, al imbécil ó al loco. La irresponsabilidad es, por tanto, algo que nos degrada, algo que nos hace desmerecer del más alto, del más amplio y noble de nuestros títulos, del título de hombres: la responsabilidad es, por tanto, algo que eleva, que enaltece, que dignifica.

El distinguido jurisconsulto é ilustrado catedrático de la central, en la proposición de ley cuyos motivos tan ligeramente exponemos, intenta —no diremos hace, porque aún no hemos visto convertido en ley su proyecto — una obra eminentemente dignificadora para la judicatura y la magistratura. ¿Lo entenderán y reconocerán así nuestros Cuerpos Colegisladores y los que, por su propio honor y prestigio, más directamente interesados están en que la proposición se apruebe?

No es nuestro ánimo oficiar de augures, sino sólo de modestos expositores.

La proposición de ley del Sr. Comas, consta, como todas, de dos partes: un preámbulo y un articulado. En este artículo nos ocuparemos solo del preámbulo, dividido en cinco partes ó capítulos que corresponden á los cinco títulos de la ley propiamente dicha, llamados por su orden:

I.        De la naturaleza de la responsabilidad judicial y de sus clases.
IL      De la responsabilidad criminal de los jueces y magistrados.
I I I . De la responsabilidad civil de los jueces y magistrados,
I V .  De la responsabilidad administrativa de los jueces y magistrados.
V.      De la responsabilidad de los magistrados y jueces del Tribunal Supremo cuando forman parte del Tribunal pleno constituido en Sala de justicia.

«Siendo el Estado el organismo encargado de realizar el fin jurídico, debe á la sociedad, no solo los medios más adecuados para que el derecho se cumpla en todos los órdenes de la vida, sino aquellos otros que constantemente la certifiquen de que no es una ilusión, sino una completa realidad su cumplimiento.» De propósito comenzamos por estas palabras del Sr. Comas, porque ellas, principalmente las que de intento subrayamos, anuncian el sentido y objeto de su verdaderamente notable proposición de ley. El Sr. Comas comienza implícita- mente reconociendo que no es el Estado algo superior, sino subordinado á la sociedad; que no es el Estado algo así como el señor de ésta, sino su encargado; que no es así como un organismo preeminente á que la sociedad ha de rendir incondicional vasallaje, sino, antes al contrario, que es un organismo parcial, subordinado al todo, al cual debe continuo testimonio de la pureza y exactitud con que cumple el fin elevadísimo que aquella le encomienda para el mejor y más fácil y cómodo desenvolvimiento de los múltiples fines que ella tiene que cumplir. No es, pues, el Estado un organismo así como cosa aparte de la sociedad que dicta leyes á que incondicionalmente deba éste someterse: el Estado es la misma sociedad entera bajo un aspecto, el de declarar la ley — poder legislativo – aplicarla á las diversas relaciones jurídicas — poder judicial — y hacer efectivas estas resoluciones — poder ejecutivo —La sociedad es realmente la propietaria, la señora; el Estado el dependiente, el administrador.

Mas claro está que con estas palabras no indicamos que el Estado deba ser un simple vasallo sin libertad ni atribuciones para el cumplimiento de su elevada función; la sociedad la propietaria, la señora, debe sumisión y obediencia á las leyes, á las instrucciones, si se nos permite la frase, que ella misma ha dado por medio de sus representantes en Cortes, á su administrador, el cual, en tanto cumple con su deber, es igualmente señor é igualmente digno que su poderdante de toda clase de respeto y consideración. A esta doble relación del Estado como organismo parcial y la sociedad como todo de que aquel forma parte, alude el ilustre senador en estos párrafo, de la primera parte de su, aun mejor que escrito, pensado preámbulo. «Si el Estado exige á la sociedad la sumisión y la obediencia á las leyes que le dicte, con igual razón la sociedad pide al Estado los medios de cerciorarse de que la ejecución de las leyes es una verdadera realidad.»

«Es, pues, por todo extremo indispensable que la responsabilidad acompañe á la función de la justicia, si la sociedad ha de adquirir seguridad completa de que el Estado cumple con sus más elevados fines.»

Nuevamente reconoce aquí el Sr. Comas, aunque no todo lo explícitamente que desearíamos, que la administración de justicia es ante todo función social, por más que la sociedad la encomiende como función privativa á una serie de tribunales debidamente organizados, cuya suprema inspección ha de ejecutarse, no solo por el ministerio fiscal, sino directamente por ella misma en todo momento, pudiendo ejercitar, siempre que conveniente lo estime, la con razón llamada acción popular, por la cual puede exigir á los jueces, cuando sus servicios no resulten ajustados á la ley, la más estrecha responsabilidad de sus actos.

Aunque la responsabilidad judicial no haya de establecerse por desconfianza de los Tribunales, según dice el señor Comas, porque no es este, cómo hemos visto, el fundamento de su institución, no es menos cierto que siendo efectiva puede servir de correctivo á los abusos que los jueces y magistrados, hombres al cabo, pudieran cometer. «La ley, dice elocuentemente el distinguido catedrático, da autoridad al fallo; la responsabilidad le da prestigio, cuando la conciencia social se encuentra tranquila y satisfecha de la función de la justicia. La autoridad de los fallos descansa en la ley, en virtud de la cual se dicta; pero el prestigio moral no puede tenerlo sin la responsabilidad, que es la base de aquel testimonio público.»

Aunque dicho sea con toda clase de miramientos y respetos, se nos figura que el sabio catedrático, movido de la más noble intención, se forja verdaderas ilusiones respecto al amor y el entusiasmo que nuestra judicatura y magistratura sienten por que sea una verdad en la práctica el principio indiscutible de la responsabilidad judicial, no por ello hemos de dejar de reconocer que el presidente del Tribunal Supremo, en el acto de la solemne apertura de los Tribunales durante los años 85 á 86, levantó su autorizada voz en pro de que dicha responsabilidad se regulase en las leyes de una manera eficaz, sin dejarla reducida á mera teoría, y que este hecho, de oportuna recordación, viene ha robustecer, si de este apoyo necesitare, su, sin necesidad de refuerzo alguno, autorizadísima opinión.

Mas en lo que disentimos del parecer del Sr. Comas — y nos creemos en el deber de consignarlo así — es en que el presidente del Tribunal Supremo fuera ecofiel de la judicatura y magistratura españolas al levantar la noble bandera de la responsabilidad judicial. No; la magistratura y la judicatura españolas — y conste que, por lo que más adelante diremos, puede hacerse esta observación sin su menor desdoro — no son partidarias de que se las someta á la responsabilidad jurídica, tan encomiada por el presidente del Supremo el cual, perdónese por lo gráfico lo llano de la frase, hablaba desde un puesto á donde no siempre fácilmente llegan las balas. Ejemplos recientes, y que están en la conciencia de todos, acreditan que no son los mismos magistrados de ese Supremo Tribunal los más dispuestos á dar con sus actos testimonio de la complacencia y la fruición que, á ser consecuentes con las doctrinas de su digno presidente, debieran tener al presentárseles una ocasión de facilitar que se les exigiese aquella responsabilidad que con tanta razón llamamos todos dignificadora. En cuanto á los jueces y magistrados en general, tenemos por seguro que tampoco complace esa responsabilidad, y que consultados acerca de ella darían su voto en contra con la unanimidad de un solo hombre. ¿Por qué?

Sobre este punto vamos á permitirnos algunas bien intencionadas observaciones, quizás de escaso valor técnico, pero muy prácticas. La judicatura y la magistratura, aun prescindiendo de todo sentimiento egoísta y de clase y de todo falso prejuicio respecto al prestigio que le presta no su obra, sino su poder y autoridad, no ven con gusto que se les exija la responsabilidad de sus actos, porque en la práctica, quizás no sin razón, no creen posible ejecutarlos todos con arreglo á las muchas veces poco meditadas prescripciones legales, y por- que otras veces se consideran faltas de la necesaria libertad é imprescindibles garantías. Un ejemplo aclarará este pensamiento. Deben los jueces, según el art. 353 de la ley de Enjuiciamiento criminal, pre- senciar las autopsias. Este es el precepto general. Si no pudiesen asistir, sin embargo, delegarán en un funcionario de policía judicial.

No se diga más… Si los jueces tuvieran necesidad de asistir á todas las autopsias no irían probablemente á ninguna, porque como la ley manda impremeditadamente hacer autopsias á porrillo, los jueces, si cumplen con sus deberes, tienen mucho que hacer, su competencia en anatomía por lo general no es grande y la operación nada agradable de presenciar, no pudiendo asistir á todas dejarían de asistir á ninguna, en parte por aquello de que perdidos por mil, perdidos por mil y quinientos, en parte porque nadie se considera responsable de dejar de hacer mayor número de cosas del que permiten sus fuerzas. La ley hoy les permite delegar cuando no puedan; pues no se hable más…, no podrán nunca, y, no pudiendo, no se considerarán responsables de no haber visto lo que por la ley no estaban obligados á presenciar, y de todo esto resultarán tumefacciones como la del cuello de doña Luciana y heridas en la cabeza quiméricas para unos, reveladoras para otros, inaveriguables para los que tienen por deber el averiguarlas.

La ley mandando imposibles ó autorizando delegaciones á capricho, se imposibilita para exigir las debidas responsabilidades y da á los juzgadores pretextos fundados siempre, y á veces verdaderas razones, para oponerse á prestar una responsabilidad, sin la cual ni cabe completa dignificación para ellos ni plena confianza para la conciencia pública.

Simplifiquemos las leyes; sea la publicidad principio animador que vivifique todo el proceso judicial desde el principio hasta el fin, y entonces invoque el Sr. Comas la aquiescencia de la judicatura y magistratura á su hermosa proposición de ley. Entonces será la magistratura, ó por lo menos la parte más sana de ella, la que favorecerá la resolución del grave y trascendental problema en ella planteado. Mientras esto no haga el ilustrado catedrático, la magistratura no elevará su voz contra el proyecto; pero sí opondrá con sus actos y gestiones una resistencia más ó menos activa á que se convierta en ley, siquiera proclame su conveniencia el presidente del Supremo pidiendo no solo la responsabilidad judicial para todos los Tribunales, sino que no ha de admitirse excepción alguna allí donde las resoluciones revisten mayor gravedad y trascendencia.

En la segunda parte del preámbulo confirma plenamente el Sr. Comas la verdad de la afirmación que sustentamos, á haber: que no es, por razones de diversa índole, partidaria la magistratura española de la responsabilidad judicial, tan «autorizadamente proclamada por el presidente del Supremo, y que una cosa es hablar y otra facilitar los medios de que lo que se alaba se traduzca en hechos prácticos y efectivos.

«En el desenvolvimiento de este punto — ver si el estado actual de nuestra legislación corresponde á los principios sustentados por el presidente del Supremo — no puedo prescindir de llamar la atención acerca de un particular que la experiencia nos pone de manifiesto, á saber: que es muy corto el número de recursos de responsabilidad, tanto civil como criminal por prevaricación, y que aun de este corto número son escasímas las reclamaciones que han llegado á prosperar.»

En vista del párrafo anterior, ocurre preguntar: ¿no es cierto que la judicatura y la magistratura disimulan á maravilla el entusiasmo que les inspira el dignificador principio de la responsabilidad judicial, tan admirablemente cantada desde el elevado sitial de la presidencia del Supremo?

Pero sigamos al Sr. Comas.

«Adjuntos con esta proposición tengo la honra de presentar varios cuadros estadísticos, en cuya comparación se observa por el señalado con el número 10, que durante el quinquenio de 1884 á 88 NO SE HA INCOADO JUICIO ALGUNO DE EESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA LOS MAGISTRADOS DE LAS AUDIENCIAS Y DEL SUPREMO TRIBUNAL; sólo alguno de responsabilidad criminal por prevaricación, que no llegó á pasar más allá del trámite del antejuicio, y muy pocos contra los jueces de primera instancia y los jueces municipales.»

«Este solo hecho ofrece á nuestra consideración un dilema concluyente, pues, ó ha de ser resultado de un estado notablemente perfecto en la administración de justicia, ó de una situación de notoria deficiencia en la legislación reguladora de la responsabilidad judicial.»

Para resolver este dilema y resolverlo científicamente y sin pasión alguna, esto es, sobre datos positivos, sobre hechos, el Sr. Comas presenta cuadros estadísticos de los que aparece que el número de sentencias revisadas y casadas durante el quinquenio de 1884 á 1888 asciende á 18.966, lo cual da un término medio anual de 3.703, y que habiendo sido sólo 16 las demandas interpuestas para exigir la responsabilidad civil, no llega ni aun á 1 por 1.000 la proporción que resulta.

Cosa análoga aparece en la relativo á la responsabilidad criminal, pues habiendo sido 95 los procesos incoados por prevaricación, la proporción de esta cifra á la de las sentencias revocadas y casadas es de 5 por 1.000.

El siguiente cuadro demostrará el resultado obtenido por los, verdaderamente héroes, que se han decidido á exigir á los jueces la responsabilidad criminal en que á su juicio habían incurrido.

RESPONSABILIDAD CRIMINAL

Querellas y causas durante el quinquenio de 1884 á 1888.

Total incoadas: 230.
No haber lugar á prevenir el antejuicio, 4.
Denegada la admisión Terminadas sin resolución por varias causas.16
Terminadas por resolución 98

Tenemos, pues, que de 230 querellas y causas sólo 98 han sido resueltas. Veamos cómo:
Por sobreseimientos 45. Por sentencia absolutoria 31. Por sentencia condenatoria 22.

Véase que de 230 querellas y causas incoadas en cinco años contra los jueces municipales, jueces de primera instancia, magistrados de Audiencia y del Supremo, sólo en 22 han recaído sentencias condenatorias.

¿En qué forma? Helo aquí:

Total de sentencias condenatorias: 22. Tanto por 100 correspondiente á
Jueces municipales 81,62
Jueces de primera instancia 18,18
Magistrados de Audiencia, Magistrados del Supremo O.

Como se ve, los pobres jueces municipales han salido, no diremos de buen año, pero sí de buen quinquenio, en el reparto de condenas que les cupo en suerte.

Vean en cambio cuál fue la suerte de los querellantes.

De las 230 querellas y causas incoadas, 177 lo fueron á instancia de particulares y 53 á instancia del ministerio público.

De las 177 querellas se admitieron solo 61, lo cual hace suponer que de los 177 querellantes 116 por lo menos serían condenados en costas.

No es fácil consignar cuántas prosperaron de las 61 querellas que llegaron á tramitarse; pero si bien es cierto que fueron 22 las sentencias condenatorias, no lo es menos que en el cuadro estadístico no se determina si éstas recayeron á las causas promovidas á instancia de parte ó en las seguidas á instancia del ministerio público.

Importaría, por tanto, que el ilustrado senador completara su trabajo consignando este dato, realmente importantísimo con relación á la materia que nos ocupa, á saber: cuántas fue- ron las sentencias condenatorias recaídas en las causas promovidas por querellas, y cuántas las recaídas en las causas seguidas á instancia del ministerio público.

El número de causas incoadas á instancia de éste y el de causas promovidas por los particulares, 53 y 177 respectiva- mente, acredita desde luego, independientemente de la resolución que en ellas recayó, ser mayor el interés desplegado por éstos que por el ministerio público en pro de la recta administración de justicia, dato elocuentísimo y de verdadera trascendencia sociológica que conviene, no solo consignar, sino analizar con detenimiento.

En efecto; dispone el art. 776 de la ley de Enjuiciamiento criminal que «si no admitiese la querella, el Tribunal impondrá las costas al querellante, cuando éste no sea el ofendido por el supuesto delito.»

»La impondrá también al ofendido, si resultare hecho obrado con mala fe ó notoria temeridad.»

Y el art. 778 dice textualmente. «El ministerio fiscal no estará sujeto á las anteriores disposiciones relativas á fianzas y costas cuando utilice alguna acción penal contra jueces y magistrados.»

Es decir, que los que actúan como querellantes corren un riesgo á que no se expone el ministerio público, y que esto no obstante, el número de querellas, 111, ha sido más de tres veces mayor que el de denuncias, 58.

Importaría, por tanto, para discurrir sobre este punto con más sólida base, que el Sr. Comas ampliara los datos contenidos en el cuadro núm. 10 con el del número de veces que los querellantes han resultado condenados en costas y sometidos á la penosa obligación de prestar fianza.

Mas sin necesidad de esto, con lo dicho basta y sobra para que nuestros lectores puedan apreciar hasta qué punto es, según nuestra legislación actual, más que obra de romanos, verdadera empresa de titanes el exigir la responsabilidad judicial y hasta qué punto el proyecto de ley en que nos ocupamos procura satisfacer una necesidad imperiosa y urgente.

«El mecanismo de las actuales leyes, dice, hace poco menos que imposibles las reclamaciones de responsabilidad civil ó criminal.»

Estudiando el estado de nuestra legislación actual el ilustrado catedrático nos enseña «que ella ha venido á corregir nuestro antiguo derecho», según el que «se imponían penas á los funcionarios del orden judicial sólo por hechos determinados, independientemente del propósito ó intención que existiera al realizarla», según puede verse en las leyes 7.” y 9.*, título I, lib. II, Nov. Rec, y la ley 9.”, tít. II, lib. IV.

Frente á esta doctrina la legislación penal moderna, con un sentido estrecho y mezquino y que en el fondo tiende más al robustecimiento del poder que á la dignificación de la función judicial, exige para penar á sus funcionarios requisitos y circunstancias tales que, en la práctica, hacen completamente ilusoria su responsabilidad.

Sobre este punto el reputado catedrático hace una serie de observaciones jurídicas de verdadero maestro sobre el carácter especial que se da al delito de prevaricación, que principalmente consiste, como es sabido, en dictar á sabiendas sentencia injusta á favor ó en contra del reo.

Es tan absurda esta definición; establece, según admirablemente nos enseña el ilustre catedrático, un privilegio, tan irritante en los tiempos modernos, á favor de la judicatura y magistratura, que su inmediata desaparición del Código se impone con no menor urgencia que el absurdo secreto del sumario; mientras los jueces trabajen durante días, semanas y aun meses, en las sombras, mientras que para corregirles y penarles se haga indispensable penetrar en ese verdadero y recóndito abismo de la intención, su responsabilidad será un mito, cuando no un tristísimo sarcasmo.

El delicado diagnóstico que de este gravísimo mal hace el Sr. Comas, está indicando cuál puede ser su única medicina: el Jurado.

Ante el Jurado, ante la conciencia pública, ante la razón, natural no sofisticada, han de ir los magistrados y los jueces que dicten sentencias notoriamente injustas á sostener que las dictaron sin saber lo que hacían; si para algún caso es, no ya capaz, sino competentísimo el Jurado, es para estos casos en que no se trata de sutilezas legales, sino de resoluciones justas ó injustas, para cuya apreciación, en definitiva, ni aun saber leer se necesita, habiendo quien lea al juzgador el texto expreso, claro, terminante de la ley infringida que la sentencia injusta presupone. El Código de la justicia está, ante todo, en la razón humana, y seguir suponiendo en quien la infringe una ignorancia que ni aun al niño se atribuye, hasta no haber sometido á prueba si obró ó no con discernimiento, equivale en la práctica á dar á los jueces una verdadera patente de impunidad para la comisión de ciertos delitos, patente comparable á la que autorizara el médico á propinar al enfermo como purgante una cucharada de ácido prúsico, sin incurrir en responsabilidad alguna hasta tanto no se le probase que había obrado á sabiendas de los efectos que el ácido prúsico producía, ignorancia que después de todo sería más disculpable que la referente á las nociones de lo justo ó de lo injusto, propias de todo ser racional, excepción hecha de los jueces según el Código.

A propósito hemos dejado para ahora el tratar de la responsabilidad civil, sobre la cual ya en la segunda parte del preámbulo hace el Sr. Comas indicaciones de importancia. «Del mismo modo (que en el orden criminal) en el orden civil, así como las modernas disposiciones sólo reconocen por causa de la responsabilidad la negligencia ó la ignorancia cuando sean inexcusables, y esto con la misma vaguedad é indeterminación que resulta de su solo enunciado, las antiguas leyes, por el contrario, estatuían la responsabilidad por la sola negligencia ó ignorancia, y por tanto, independientemente de circunstancias especiales que la hiciesen calificada.» También es digna de notarse esta indicación del Sr. Comas respecto á los importantes cuadros estadísticos que acompañan á su proposición de ley. «El hecho, dice, de que en el último quinquenio el número de juicios intentados para exigir la responsabilidad criminal por prevaricación sea seis veces mayor que el número de demandas interpuestas para exigir la responsabilidad civil, autorizaría á sospechar que, á consecuencia de dificultades poco menos que invencibles en la materia relativa á la responsabilidad civil, la esperanza en la reparación se cifra principalmente en la responsabilidad criminal, si por otra parte no resultare, como resulta en realidad, que la falta de precisión en la ley respecto á las causas que pueden originar dicha responsabilidad civil, así como la deficiencia y vaguedad, también de la ley, respecto á las formas ó procedimientos con que ha de hacerse efectiva, é igualmente en cuanto á los efectos que esté llamada á producir, son motivo suficiente para alentar la peligrosa tendencia de buscar en la responsabilidad criminal, y no en la civil, la reparación ó enmienda de los agravios inferidos.»

Con estas dos observaciones de verdadera trascendencia jurídica, entra el ilustrado senador en lo que pudiéramos llamar verdadero estudio de la responsabilidad civil.

Sobre ambas creemos oportuno llamar la atención de nuestros lectores.

Arguye la primera un verdadero retroceso en nuestra legislación, retroceso cuyas causas complejas exceden de la modesta índole de este trabajo. Sean las que fueren, su resultado no es por ello menos patente. En efecto: el á sabiendas de los artículos referentes á prevaricación se ajusta, corre parejas con el vocablo inexcusables, aplicado á la negligencia ó la ignorancia judiciales. Si aquella frase adverbial puede convertirse en una patente de impunidad para el juez ó magistrado prevaricador, este adjetivo puede convertirse por lo menos en una patente de ignorancia para el juez ó magistrado faltos de ilustración ó sobrados de pereza.

¿Qué significa la palabra á sabiendas, tratándose de formar juicio sobre lo justo ó lo injusto, obra y función propia de la razón natural que luce igual en todo hombre medianamente sano? ¿Qué significa la palabra inexcusable, tratándose de la ignorancia ó negligencia de un juez? ¿Ha de entenderse esta palabra como sinónima de supina y monstruosa, ó ha de referirse sólo al conocimiento de la ley y á la diligencia que debe ponerse en su cumplimiento? Así como en todos los delitos la intención y el discernímiento del criminal se suponen siempre, mientras el reo no acredite lo contrario, en los que administran justicia ha de exigirse siempre aquella diligencia y pericia cuya falta trae naturalmente aparejada consigo, por lo menos, la inmediata destitución del cargo.

¿Vamos por ventura á pretender en favor de los encargados de la función social más elevada, la administración de justicia, los dos más irritantes privilegios que pueden concebirse, el derecho á la malicia y á la ignorancia? Ni cabe, racionalmente pensando, tener la una sin saberlo, ni la otra con excusa legítima.

¿Qué acontece en la vida ordinaria? Llamamos á un carpintero para que nos haga, por ejemplo, las puertas de una ventana: al efecto toma sus medidas, ¿le admitiríamos después su obra y se la pagaríamos, sí una de las puertas tuviese, por ejemplo, medio metro más ó menos de lo que debe tener? Ciertamente que no. El bueno del carpintero se lleva sus puertas, y, ó las enmienda si tienen compostura, ó se queda sin cobrar su precio. Y el juez, el magistrado, ¿pueden equivocarse así, porque sí, sin incurrir en responsabilidad de ninguna clase?

No, á nuestro juicio. Toda ignorancia de la ley, toda negligencia en su cumplimiento, son, de hecho, inexcusables en el juez, mientras éste, en términos de defensa concedida á todos, no presente sus razónales excusas, que sólo en circunstancias críticas y especialísimas, no fáciles de prever ni enumerar, podrán eximirle de responsabilidad en casos excepcionalísimos, que no cabe consignar en los Códigos.

El principio de las leyes de Partida de que toda negligencia ó ignorancia por parte del juzgador constituye motivo bastante para exigirle la responsabilidad civil, era un principio mil veces más justo que el de nuestras leyes actuales que dividen la ignorancia, con manifiesto desprestigio de la magistratura, en excusable é inexcusable, obligando á los que ejecutan la acción, que no recurso, de responsabilidad civil contra los jueces á probar lo evidente, lo que constituiría una verdadera befa de la justicia, simular que se ponía siquiera en tela de juicio.

En este punto el trabajo del Sr. Comas nos parece excelente y encaminado á enaltecer á los jueces y magistrados que, por su propia honra, debieran colectivamente pedir á las Cortes que se les consintiera renunciar á esa especie de derecho á la ignorancia que el legislador, tan irreflexivamente y como á título de merced, les ha otorgado.

Notabilísima es la parte del preámbulo que dedica su autor al estudio de la impropiedad con que la ley de Enjuiciamiento civil califica de recurso la reclamación para exigir la responsabilidad, calificación ocasionada al gran peligro de que puede considerarse contradicho el precepto constitucional de que los jueces son responsables de toda infracción de ley que cometan por la torcida interpretación que se haga de los preceptos legales que tratan de resoluciones contra las cuales no autoriza la ley recurso alguno. Son tan luminosas las razones del Sr. Comas sobre este punto, que no nos resistimos al placer de trascribirlas íntegras.

«Si la ley no hubiere empleado impropiamente, como antes he manifestado, la calificación de recurso para las reclamaciones de responsabilidad civil, no habría sido fácil que los Tribunales á beneficio de una interpretación, que me abstengo de calificar (equiparando los recursos contra los jueces á los recursos contra las sentencias ó resoluciones judiciales), hubieran llegado hasta el extremo de autorizar como principio la posibilidad de que existan resoluciones respecto á las cuales no pueda reclamarse contra los jueces ó magistrados que las dicten, aun cuando lo hagan con injusticia ó con notoria infracción de ley.

«Semejante interpretación, que pugna tan abiertamente con la Constitución del Estado, no es posible mantenerla en un proyecto que se encamina á franquear los medios necesarios para que aquel precepto constitucional se cumpla, y no haya en su virtud acto alguno de la administración de justicia que se sustraiga á la responsabilidad judicial.

»Cuando la ley concede un derecho, negar el medio para poderlo hacer efectivo, equivale á desconocerlo. Es más; sería suponer á la ley en contradicción consigo misma.

»Ya he indicado que la ley no incurre en semejante contradicción, no confundiendo, como no confunde en sus términos, los recursos contra las sentencias ú otras resoluciones judiciales, y los recursos contra los jueces y los magistrados que las dictan.

»De la locución que la ley emplee para establecer el carácter firme de una resolución, no puede deducirse jamás la exculpación de los jueces y magistrados, y mucho menos cuando aquél es precisamente una condición previa para poderles exigir la responsabilidad en que hayan incurrido. Es, pues, necesario prescindir, para evitar el peligro á que acabo de referirme, de la calificación de recurso, atribuida á la reclamación de la responsabilidad civil.

»La misma ley de Enjuiciamiento criminal pone de manifiesto semejante necesidad, pues al calificar, como no puede menos de hacerlo, de acción penal al medio de exigir dicha responsabilidad contra los jueces y magistrados, no parecería sino que había cierta especie de divorcio en esta materia entre la ley de Enjuiciamiento civil y la ley de Enjuiciamiento criminal; aquélla estableciendo un recurso, ésta exigiendo una acción y abriendo en su virtud el correspondiente juicio.

»Pero no; afortunadamente no existe entre dichas leyes semejante disconformidad. Al fin, aunque la ley de Enjuiciamiento civil haya incurrido en la impropiedad de designar á la reclamación de responsabilidad con el nombre de recurso, en cambio al ordenar el procedimiento que ha de seguirse para sustanciarla, se ajusta á lo que es propio ó peculiar de la acción; esto es, la apertura del juicio.

»En buenos principios de derecho procesal, no cabe calificar de recurso á las reclamaciones que hayan de formularse para exigir la responsabilidad judicial.

»No hay recurso cuando no se contradice ó no se contiende sobre una resolución, con el fin de que sea revocada ó modificada en los efectos que esté llamada á producir, por el mismo Tribunal que la ha dictado ó por un Tribunal superior, en méritos del propio juicio en que se haya pronunciado y entre los interesados que sean parte en el mismo.

«Cualquiera reclamación que no participe de estos caracteres esenciales, no constituye en realidad un recurso, sino propiamente una acción, que es la que ha de ser formulada por demanda especial y ha de ventilarse en un verdadero juicio principal ó incidental según los casos.» Véase, pues, claramente que, como con tanta elocuencia nos enseña el docto catedrático, cualquier reclamación encaminada á exigir la responsabilidad judicial no constituye en realidad un recurso sino una acción que ha de formularse por demanda especial y ha de ventilarse en un verdadero juicio independiente.

Mas si esto es cierto, no es tan patente, en nuestra opinión, que la sentencia que termine este juicio de responsabilidad, no pueda afectar en lo más mínimo á la resolución dictada en el pleito ó causa donde aquella se contrajo, pues resultaría cosa inconcebible que, condenándose á un juez ó magistrado por haber dictado sentencia notoriamente injusta, se sostuviera la primera de dichas sentencias por ser inapelable ó irrecurrible según la ley, cuando aún se estaba á tiempo de evitar la injusticia notoria que cumplimentándola iba á cometerse. Parécenos más natural que en este caso no ya se admitiese recurso de apelación ó reforma de aquella sentencia, contra la cual no se daba en la ley recurso alguno, sino que se considerase como nula ó no dictada, precisamente por no ser la obra de un juez sino la de un verdadero criminal ó incapacitado por su ineptitud, que indebidamente usurpaba aquella legítima función. De no entenderse así, resultaría una verdadera monstruosidad que la razón más elemental rechaza. Tal vez sea este el origen de la confusión que aparece de considerar recurso lo que es en su fondo acción contra el juzgador, no contra su resolución. Sobre esta muy delicada y compleja cuestión jurídica, que excede por completo de los limites de este trabajo, ageno repetimos á toda pretensión científica, cabría escribir un verdadero tomo en folio; tal es su vaguedad en las leyes actuales y tal la confusión que reina en la que es verdadera tamización de las sentencias y lo que constituye una depuración de conducta respecto al juzgador, cosas que pueden coexistir en todos los momentos y en todas las instancias, incluso la última, y sobre la cual no se da otra.

La situación producida por tal estado de cosas queda fotografiada de mano maestra en el siguiente párrafo:

«Hé aquí cómo la estadística revela, con el decisivo valor de sus elocuentes cifras, que durante el quinquenio á que se refieren los cuadros que acompaño como apéndices á esta proposición de ley, no llegó á intentarse siquiera ningún recurso de responsabilidad civil contra los magistrados de las Audiencias ni contra los magistrados del Tribunal Supremo; que sólo dos fueron promovidos, aunque sin éxito, contra jueces municipales, y que si resultan tres por año las reclamaciones intentadas contra los jueces de primera instancia, sólo una durante todo el quinquenio fue la que llegó á prosperar, y aun quizá por haber olvidado aquella referida interpretación, según la que se niega la posibilidad de reclamar la responsabilidad civil respecto de las resoluciones contra las cuales la ley dice que no se dará recurso alguno.»

No solo esta situación impone la necesidad de una reforma en nuestras leyes; abónanla también otras causas apuntadas por el ilustrado jurisconsulto, á saber: la no definición y limites ciertos de lo que ha de entenderse por ignorancia ó negligencia inexcusables, punto en el cual ya nos hemos ocupado; el no establecer reglas fijas en cuanto á la competencia para los casos en que los jueces y magistrados contra quienes se reclame hayan sido trasladados ó cesado en las funciones, ó sea distinta su categoría en el momento que se formule contra ellos la reclamación que corresponde; esta falta de fijeza de competencia se presta á muchos abusos, entre los cuales entra por no poco la falta de cumplimiento de la Ley orgánica del Poder judicial, especialmente en alguno de sus artículos, que como el 117, resulta muchas veces letra muerta, y el cumplimiento extemporáneo de aquella disposición que permite, por medio de un inoportuno traslado, poner nuevos obstáculos y trabas, dificultar aún más, si esto es posible, los impropiamente llamados recursos de responsabilidad, cuando sólo son en efecto, verdaderos alardes de valor y de paciencia del que se atreve á entablarlos. Es también otro obstáculo, y no pequeño, con el que tropieza la responsabilidad civil para ser efectiva, la exigencia de que los perjuicios reclamables hayan de ser todos estimables en me- tálelo.

Hay, sin embargo, algo más triste que estas deficiencias de la ley, con ser muy tristes, y que aún cede más en mengua de nuestra administración de justicia, y es la de mostrarse ésta inflexible respecto á la condenación de costas cuando, en rigor de verdad, el que hoy demanda la responsabilidad civil de un juez ó magistrado, carece por completo de los medios indispensables para conocer de antemano, tanto la legitimidad de su reclamación, como el éxito que de ella puede obtener. La condena de costas en estos casos, aparece fatalmente ante la sociedad, y nosotros somos los primeros en lamentar este error, no ya como arbitraria, sino como intencionada y útil para proporcionar á los juzgadores ignorantes ó maliciosos la más triste y nefanda de las impunidades.

El Sr. Comas, que procura ocurrir á estos graves defectos de nuestra legislación actual, introduce también en su proyecto dos modificaciones importantes, á saber: la única instancia para toda clase de reclamaciones de responsabilidad civil y la limitación, en ciertos casos, de la materia del juicio á la determinación de las personas responsables y al alcance de la responsabilidad que corresponda á cada uno.

s realmente tan absurdo, hállase hasta tal punto desprestigiado hoy el sistema de la pluralidad de instancias, especie de lotería de Hamburgo, á que aún no hemos dejado por desdicha de jugar, que no llamaríamos la atención sobre el establecimiento de una sola instancia para el juicio de responsabilidad, si el propio Sr. Comas no indicara la tendencia laudable de su proyecto á conseguir que los jueces ó magistrados llamados á conocer de las demandas de responsabilidad civil no hayan tenido intervención en el pleito ó causa en que se hubiere dictado la resolución que motive la demanda.

Plausible nos parece que cuando por razón de la materia y la del Tribunal que ha conocido de ella (el más elevado de la Nación) no resulte notoria la causa de responsabilidad, sea necesario que venga nuevamente á decidirse en el juicio de responsabilidad la que ya resulta decidida en el pleito ó causa.

Declarado por el Tribunal Supremo que un juez ó una Sala han infringido la ley ó quebrantado las formas del procedimiento que, como aquélla están obligados á conocer, existe ya la materia de responsabilidad civil; no quedando más que hacer respecto de esto en el juicio especial encaminado á exigirla, que determinar las personas responsables y fijar el alcance de responsabilidad que á cada uno corresponda.

Con razón afirma el sabio catedrático que el quebrantamiento de una forma sustancial, ó la contradicción con lo ejecutado, acusan ó descuido ó negligencia tan palmaria en el cumplimiento de la ley que regula las formas del juicio y que preceptúa la precisión de atenerse necesariamente á lo resuelto por modo definitivo, que baste la sola declaración de haberse infringido dichos preceptos legales cuando resulta pronunciada por el Tribunal Supremo.

Con esta racionalísima innovación en nuestra legislación actual, y en la cual insistiremos al tratar del articulado, termina el Sr. Comas la tercera parte de su notable preámbulo, en el que no sólo los abogados en general, sino los jurisconultos y hombres verdaderamente entendidos en derecho tienen mucho que estudiar y someter á seria reflexión.

ANTONIO MACHADO Y ALVAREZ.

Share

Sobre el Autor

Comments

Leave a Reply